El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó la decisión del presidente Javier Milei. Dijo que continuarán desmantelando otras oficinas del Estado que “no sirven absolutamente para nada”

Objetivos y funcionamiento del INADI

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo descentralizado que fue creado mediante la Ley N.º 24.515 en el año 1995 y comenzó sus tareas en el año 1997. Desde el mes de marzo de 2005, por Decreto Presidencial N.º 184, se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.Las acciones del INADI están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos se ven afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por su aspecto físico. Sus funciones se orientan a garantizar para esas personas los mismos derechos y garantías de los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario.Para dar cumplimiento a los presupuestos enunciados en la creación del INADI, éste se organizó en diferentes áreas que desarrollan los programas y proyectos específicos que dan cuenta de los objetivos institucionales.

Objetivos institucionalesElaborar y proponer políticas nacionales e impulsar acciones y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.Actuar como órgano de aplicación de la Ley N.º 24.515 de Creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos.Difundir los principios normados en la Constitución Nacional, tratados internacionales en materia de derechos humanos, normas concordantes y complementarias y la Ley N.º 23.592 sobre Actos Discriminatorios, así como los resultados de los estudios que realice o promueva y las propuestas que formule.Diseñar e impulsar campañas educativas y comunicacionales tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas.Recibir y coordinar la recepción de denuncias sobre conductas discriminatorias, xenófobas y racistas, y llevar un registro de ellas.Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito a personas o grupos en situación de discriminación o víctimas de xenofobia o racismo, proporcionando patrocinio gratuito a pedido de la parte interesada.Proporcionar al Ministerio Público y a los tribunales judiciales asesoramiento técnico especializado en los asuntos relativos a la temática de su competencia, actuando como colaborador y auxiliar de la Justicia.Informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas discriminatorias, xenófobas o racistas que pudieran manifestarse en cualquier ámbito de la vida nacional, especialmente en las áreas de educación, salud, acción social y empleo; provengan ellas de autoridades, entidades o personas privadas.Constatar –prima facie- la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda Guerra Mundial o posteriormente, participaron en el exterminio de pueblos o en la muerte y persecución de personas o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política. Y cuando corresponda, efectuar las denuncias ante las autoridades competentes.Promover e impulsar, cuando existan suficientes evidencias, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, las acciones judiciales y administrativas pertinentes.Articular acciones conjuntas con organizaciones de la sociedad civil que trabajen contra la discriminación, la xenofobia y el racismo.Establecer y gestionar delegaciones en las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para federalizar la gestión del INADI.Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la sanción del Decreto N.º 1086/05 de adopción del Plan Nacional contra la Discriminación de fecha 07/09/2005, encomienda en su artículo 1º que el INADI asuma la coordinación para implementar dicho Plan. Por ello, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo se propone como objetivos primordiales las siguientes estrategias:- Efectivizar las propuestas del Plan Nacional contra la Discriminación.- Federalizar la gestión del INADI, fortaleciendo las delegaciones existentes y creando nuevas en todo el territorio nacional.- Fortalecer la participación de la sociedad civil a través de foros conformados por organizaciones dedicadas a la lucha contra la discriminación.- Mejorar la atención a las personas en situación de discriminación, brindando un servicio integral de orientación y asesoramiento.- Hacer más eficaz la recepción de denuncias sobre hechos discriminatorios, xenófobos o racistas, prestando un asesoramiento jurídico especializado, de acompañamiento y defensa de las víctimas.- Realizar campañas que promuevan la valoración del pluralismo social y cultural, la integración de las diversidades y la eliminación de todas aquellas actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas.- Desarrollar programas de prevención de las prácticas discriminatorias, y actualizar el diagnóstico acerca de las situaciones de discriminación en todo el territorio mediante la investigación especializada.

El Gobierno nacional dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), informó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien además advirtió que es el primero de diferentes institutos que serán eliminados.

“Uno de los ideales del Presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, introdujo el funcionario en su habitual contacto con periodistas en Casa Rosada. Y desarrolló: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

El cierre del Inadi estaba incluido en el proyecto de Ley Ómnibus que el Gobierno envió a finales del año pasado al Congreso, y que si bien fue aprobado en general, finalmente fue retirado por el propio oficialismo tras no conseguir los votos para algunos artículos durante el debate en particular de la norma.

Según explicó el vocero, el organismo que había sido creado para combatir todo forma de discriminación tiene actualmente 400 empleados y oficinas en todo el país. Si bien no dio nombres, Adorni dijo que este tipo de institutos suelen ser conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad.

“No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, fundamentó el portavoz. Y agregó: “No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones”.

Ayer, el Gobierno había oficializado la extensión de la intervención del organismo por 180 días y había designado como interventora a María de los Ángeles Quiroga.

El Instituto se creó en 1995 tras la sanción de la Ley 24515 y comenzó a funcionar dos años después, en 1997. Actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Adorni aseguró que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, pero no pudo especificar si el proceso se realizaría por decreto o a través de un proyecto de ley que debe convalidar el Congreso.

Adorni cuestionó los “tiempos burocráticos” que demorarán el cierre del instituto. “Nos encantaría que el Inadi estuviese cerrado hoy, pero no se puede por una cuestión de tiempos”, sostuvo.

En ese marco, el vocero afirmó que “hay un sinfín de institutos que el presidente Milei está decidido a cerrar o a desmantelar, no desde ahora, sino desde siempre. Dijimos que nuestra prioridad era que el Estado debía achicarse, porque achicar el gasto público para nosotros es una batalla central, porque es la única herramienta para bajar impuestos. Los trámites no son tan sencillos como uno tuviera ganas o como la gente espera. Lamentablemente, la burocracia pone ciertos límites a las decisiones que uno pretende llevar adelante.

Además, el funcionario explicó que cada instituto u oficina que el Gobierno decida cerrar requiere un análisis “jurídico particular” y que, por eso, algunos cierres serán por decreto y, otros, por decisiones administrativas de cada ministro.

Adorni también habló de los trabajadores que desarrollan tareas en esos lugares que serán cerrados, como en el Inadi, y apuntó: “Empleado que esté de más… no tiene razón de ser que un argentino abone su sueldo con el sacrificio que hace trabajando para pagar en parte sus impuestos. Son temas que iremos decidieron instituto por instituto”.