El envío a la Legislatura por parte del gobierno de Santa Fe del proyecto de reforma jubilatoria está demorado ante la falta de acuerdos dentro de la comisión. Ante este escenario, se llevan a cabo reuniones de último momento para intentar destrabar la situación y enviar el proyecto lo antes posible.

El gobierno de Santa Fehabía anunciado que a mediados del mes de agosto iba a enviar a la Legislatura provincial el proyecto de reforma jubilatoria para que sea debatido y sancionado. Sin embargo, ante la falta de acuerdo en Unidos para Cambiar Santa Fe respecto a puntos clave de la reforma, como la edad jubilatoria, el giro del Mensaje está demorado.

“Todavía no hay fecha, pero será a la brevedad”, aclaro una importante fuente  de la comisión encargada de analizar la reforma del sistema previsional santafesino, quien agregó que el tema “está charlándose todavía. Estamos a la espera de ver cuál es la regulación que el Ejecutivo quiere enviar”.

“se había dicho que el proyecto iba a ser envidado entre viernes y martes, pero aún no vimos ningún texto en concreto”. Ante este escenario, se llevan a cabo reuniones de último momento para intentar destrabar la situación y enviar el proyecto lo antes posible. Los interlocutores de las diferentes fuerzas políticas encaran negociaciones para unificar criterios.

El trabajo de la comisión de reforma jubilatoria

El 31 de julio se dio por terminado el proceso de análisis por parte de la comisión encargada de analizar la reforma previsional. Una semana después, se elevaron las conclusiones al Ejecutivo. Se esperaba que entre el viernes pasado y este martes, el gobierno envíe la iniciativa al Poder Legislativo, pero no ocurrió.

El déficit mensual de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe se acerca a los 40 mil millones de pesos mensuales, que deben ser aportados desde Rentas Generales de la Provincia. Para el gobierno, esto representa una continua transferencia de recursos aportados por los contribuyentes privados, para sostener el esquema de jubilaciones de los agentes estatales.

Existen dos frentes a tener en cuenta para el sostenimiento de la Caja. Por un lado, la deuda de alrededor de 700 mil millones de pesos que la Nación mantiene con Santa Fe, una de las 13 provincias que en la década de los noventa decidieron no transferir su Caja de Jubilaciones. Hace apenas 10 días, la Provincia interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno Nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.

Pero el otro problema surge del quiebre del equilibrio entre los aportes que realizan mes a mes los 208.000 trabajadores activos del Estado santafesino, y lo que cobran los 102.000 jubilados y pensionados que alguna vez fueron agentes provinciales.

Si bien la letra final del texto de ley que el gobierno enviará a la Legislatura no se hizo pública, todo indica en que existen ciertas coincidencias en implicar una serie de cambios concretos:

• Elevar la edad jubilatoria de las mujeres, quienes representan el 70% de los beneficiarios de la Caja, se jubilan cinco años antes que los hombres y tienen una expectativa de vida que los supera en cinco años.
• Establecer un esquema progresivo de aportes, de tal manera que aporten más a la Caja aquellos activos que perciban mayores sueldos. En estos momentos, todos los trabajadores aportan el 14,5% de sus salarios al sistema, mientras que el Estado aporta el 17,2%.
• En el caso de los docentes, si cuentan con 30 años de servicio, los docentes hombres se jubilan a los 60 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 57. Todo indica que en ambos casos solo podrán jubilarse por anticipado aquellos que se encuentran frente a un aula. No así quienes ejercen otros cargos directivos.

Reforma jubilatoria: recomendaciones de legisladores provinciales

En el momento de elevar los informes de la comisión al Poder Ejecutivo, los legisladores realizaron una serie de recomendaciones:

• Evaluar la implementación de incrementos en los porcentajes de aportes, de acuerdo con la estructura salarial, siguiendo una escala creciente, a mayor ingreso mayor aporte.
• Aplicar el máximo de la escala de aportes a autoridades políticas y personal de gabinete del gobierno provincial, incluidas las de entes autárquicos y descentralizados, sociedades del Estado; legisladores, funcionarios y asesores políticos del Poder Legislativo; vocales del Tribunal de Cuentas; Defensoría del Pueblo, magistrados, fiscales, defensores y funcionarios del Poder Judicial.
• Considerar un aporte extraordinario por parte del personal que ingrese como nuevo afiliado al régimen de la Caja, siguiendo lo previsto en otros sistemas previsionales (ciudad de Santa Fe, Rosario, entre otros).
• Eliminar la compensación de años de servicio por falta de años de edad.
• Para acceder a los beneficios de esta Caja, no se deben considerar los aportes realizados a Anses u otros sistemas que fueran adquiridos a través de una moratoria o mecanismo similar que reconocen años de servicio sin que, efectivamente, hayan sido prestados.
• Establecer como unidad de medida para fijar el tope de haberes el valor de la jubilación mínima o un porcentaje del haber del gobernador.
• Computar el haber máximo por beneficiario y no por beneficio.

Las miradas de los sindicatos ante la reforma que viene

Los gremios que integraron la comisión fueron UPCN, ATE, Festram y Amsafé. Si bien los cuatro sindicatos plantearon diferencias con ciertos puntos clave de la futura reforma, Amsafé y Festram fueron los más firmes a la hora de las críticas. En el caso de los docentes de Amsafé, ratificaron la posición de no modificar el régimen jubilatorio y defender el régimen opcional docente. Para ello adjuntaron fundamentos jurídicos, pedagógicos y económicos.

También remarcaron la defensa del 82% móvil y el sistema solidario de reparto estatal – cabe aclarar que esta condición no será modificada en la próxima reforma -. Amsafé se declaró en estado de alerta para “llevar adelante todas las acciones que sean necesarias para defender nuestro sistema jubilatorio”.

Por su parte, Festram emitió un comunicado planteando que “los municipales representan uno de los tres sectores – junto al Arte de Curar y Dipos-ASSA– equilibrado dentro de la Caja. El gremio plantea que las mujeres deben mantener la edad jubilatoria en 60 años, que se mantenga el régimen de compensación de años, que no se modifique el porcentaje de aporte que realizan los activos y que se sostenga el 82% móvil.