Los empleados de la agencia ABIN mostraron su preocupación por el “desmantelamiento” del órgano, la falta de seguridad en la reunión de líderes mundiales y la creciente influencia china en el país.
El G20, que acaba de comenzar hoy en Río de Janeiro, se inicia con la alarmante denuncia de Intelis, la Unión de Profesionales de Inteligencia del Estado de ABIN, la agencia de inteligencia brasileña. En un comunicado publicado tras el atentado del pasado miércoles frente al edificio del Tribunal Supremo en Brasilia en el que murió el atacante, la dirección de Intelis denuncia, entre otras cosas, una “baja participación efectiva de la ABIN en el G20 por limitaciones presupuestarias”. Esto se debe, dicen los profesionales de inteligencia, a que está en marcha un “desmantelamiento” de su agencia, que “vive actualmente un escenario alarmante que complica cada vez más la misión de garantizar la seguridad y la soberanía de Brasil”.
Intelis denuncia “crecientes restricciones en el acceso a herramientas tecnológicas y bases de datos, una excesiva burocratización de los procesos, que está dificultando la calidad del trabajo, el menor presupuesto disponible en los últimos 14 años, teniendo en cuenta la inflación; la falta de apoyo legal y de un marco regulatorio sólido, y una tasa de vacantes del 80% del personal”. En resumen, en el evento en el que participan los poderosos de la tierra, la inteligencia brasileña, históricamente buque insignia de las instituciones del país, está presente en forma reducida.
El gobierno, para los días del evento y para los que antecedieron al G20 Social, convocó una Operación de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que ha desplegado a las Fuerzas Armadas hasta el próximo jueves en los lugares por donde pasarán las autoridades. Pero, ¿será esto suficiente para garantizar la completa seguridad de este evento y, sobre todo, para proteger a Brasil de posibles operaciones de espionaje extranjero, dados los importantes temas que se discuten en el G20, incluso en reuniones bilaterales?
Pero en realidad aprieta el acelerador en lo que Beijing está exigiendo, que es reformar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio y, sobre todo, ampliar la Iniciativa de la Franja y la Ruta también al gigante latinoamericano: “Promoveremos continuamente el fortalecimiento de las sinergias entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y las estrategias de desarrollo de Brasil, reforzaremos constantemente el carácter estratégico, global y creativo de la cooperación China-Brasil, mutuamente beneficiosa, crearemos más proyectos ejemplares que respondan a las demandas futuras y aporten beneficios duraderos a las personas”, escribe el presidente chino.
Lula había dicho en julio que estaba a favor de la adhesión de Brasil, pero luego su asesor en política exterior, Celso Amorim, le restó importancia. “La palabra clave es sinergia. No es una firma al final, como una póliza de seguros. No estamos firmando un tratado de adhesión. Es una negociación de sinergias”, había declarado Amorim al diario O Globo.
China también se ha sumado a una de las iniciativas paralelas del G20 propuesta por el gobierno de Lula, la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, firmada por 37 países e instituciones y organizaciones multilaterales, entre ellas la Fundación Bill y Melinda Gates. Según el secretario de Asuntos Económicos y Financieros de la cancillería brasileña, Maurício Lyrio, la Alianza tendrá su sede en la FAO, en Roma, y sus actividades comenzarán en 2025 hasta 2030.
Sin embargo, el festival de música de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, impulsado y organizado por la esposa de Lula, Rosangela Lula da Silva, conocida como Janja, ha causado polémica porque costó al menos 33 millones de reales (5,7 millones de dólares) pagados con dinero de Petrobras e Itaipú. Precisamente, la esposa de Lula, además de acabar en la tormenta de la polémica por haber dicho el sábado en el evento paralelo del G20 Cria “Fuck Elon Musk”, contra el dueño de X y próximo miembro de la administración Trump, según la revista Istoé, ha acabado en el punto de mira de los diplomáticos chinos.
Leandro Mazzini escribe en Istoé que “Los chinos ya han dejado claro al Ministerio de Asuntos Exteriores que no quieren improvisaciones más allá de los protocolos de la visita. Y no la aceptarán en reuniones a puerta cerrada entre presidentes y sus asesores en las que se revise la agenda bilateral”.
Con esta visita a Brasil, la última fue en 2019 durante la cumbre de Brasil, Xi quiere, entre otras cosas, impulsar en la región, por tanto también en Brasil, el puerto peruano de Chancay del que inauguró el pasado viernes la primera fase, que ha costado más de mil millones de dólares. Para los chinos, en particular, el Amazonas es cada vez más estratégica, y su Zona Franca de Manaos podría tener en el puerto peruano una herramienta útil para recibir componentes chinos y exportar más rápidamente sus productos. La Amazonía, cuna mundial de la biodiversidad, es uno de los destinos más deseados por Beijing, que pronto inaugurará allí una fábrica de la empresa fotovoltaica china Livoltek.
Irónicamente, gracias al G20, por primera vez en la historia de EE.UU. un presidente visitó ayer la Amazonía. Incluso antes de que Joe Biden pisara Manaos, capital del estado de Amazonas, la Casa Blanca anunció más de 50 millones de dólares para el Fondo Amazonia, un fondo internacional en el que Alemania, Noruega, Suiza y Estados Unidos donan dinero para la preservación del Amazonas. La decisión de Biden, un obvio contraataque a la amenaza china en la región, sin embargo, representa sólo una parte de los 500 millones de dólares prometidos por Washington, que Brasil ha estado esperando y por cuyo retraso no han faltado las críticas del gigante latinoamericano. Sin embargo, incluso la promesa de esta cantidad mucho menor corre el riesgo de quedarse en un mero anuncio.
Para que el dinero sea desembolsado, de hecho, se necesita la aprobación del Congreso estadounidense, que a partir del próximo año, bajo la nueva administración Trump, contará con la mayoría del Partido Republicano tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Además, todavía es una incógnita cuál será la posición real que adopte el próximo gobierno en materia de compromiso con el medio ambiente. En el primer mandato de Trump, EEUU había salido del Acuerdo de París para volver a entrar en él en la era Biden. Además, durante la campaña electoral, el republicano prometió un nuevo impulso a la producción de combustibles fósiles.
Esta incertidumbre en el frente estadounidense permite a Beijing ocupar los numerosos espacios vacíos. El secretario para Asia y el Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño, Eduardo Paes Saboia, anticipó a la prensa la posibilidad de iniciativas desarrolladas por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el Ministerio de Hacienda con líneas de financiación, cofinanciación de proyectos y la posibilidad de intercambiar fondos brasileños en las bolsas chinas y viceversa. En junio, el vicepresidente Geraldo Alckmin anunció un préstamo chino de 24.000 millones de reales (4.141 millones de dólares) para inversiones en infraestructuras en Brasil.
Sin embargo, China atraviesa una profunda crisis económica y la línea elegida por Xi es financiar la recuperación de la economía inyectando dinero en sus bancos, para que aumenten los préstamos a hogares y empresas, reavivando la demanda y, por tanto, el consumo. A finales de octubre, el sitio de noticias económicas Bloomberg informó de una posible inyección de un billón de yuanes, unos 142.000 millones de dólares, en los mayores bancos estatales.
Sin embargo, se trata de dinero de la deuda y no de dinero de los ingresos o del crecimiento. A medida que aumenta la deuda, aumenta el riesgo soberano, y las instituciones bancarias están repletas de bonos del Estado. Según el último informe del Fondo Monetario Internacional, la deuda china alcanza el 140% del PBI. A este escenario se añade la llamada “diplomacia china de la trampa de la deuda”, en la que los países incapaces de hacer frente a sus préstamos se ven obligados a hacer concesiones estratégicas, aumentando así su vulnerabilidad económica y política.
Varios países africanos, por ejemplo, están muy endeudados con China, y se han denunciado casos de confiscación forzosa de infraestructuras estratégicas, como puertos marítimos, por parte de funcionarios chinos cuando los países no devuelven los préstamos. Las autoridades chinas han negado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de campañas de desprestigio orquestadas por rivales económicos.
Sin embargo, existe opacidad sobre la presencia real china en Brasil. No hay cifras precisas sobre las inversiones de Beijing en el país sudamericano, ni siquiera sobre el número de empresas chinas que operan allí. La estimación más realista es de unas 800 empresas con inversiones superiores a los 200.000 millones de dólares. Por último, existe un riesgo muy elevado de corrupción y fraude por parte de China para llevar a cabo sus obras.
Como ya ha sucedido en Bolivia y Venezuela, también se han dado casos significativos en Brasil. El Tribunal de Cuentas de la Unión ha declarado a la empresa china de maquinaria LiuGong “no apta” y, por tanto, inhabilitada para firmar contratos con el gobierno federal durante cinco años. En un comunicado de prensa, la empresa negó las acusaciones de haber presentado documentos falsos para un contrato por valor de 65,3 millones de reales (11,3 millones de dólares).
El tema de la corrupción planea sobre todo el G20. Con un impactante desfile de alas delta en forma de billetes de dólar que planeó sobre la costa de Río de Janeiro, la organización no gubernamental Transparencia Internacional se dirigió directamente al Presidente Lula. “Si quiere que la presidencia brasileña del G20 haga avances concretos hacia el desarrollo sostenible y contra la pobreza y la desigualdad, la corrupción no puede ser excluida de las discusiones. Deje un legado duradero y relance la agenda anticorrupción del G20 en la Cumbre de Rio”, reza el post de Transparencia en X.
