El anuncio se produce en un clima de tensión en la administración pública, dado que el 31 de marzo vencen aproximadamente 50.000 contratos laborales.
Según fuentes oficiales, la disposición forma parte de la estrategia de racionalización del gasto público y busca incentivar la eficiencia en la administración de los recursos estatales. “Las unidades se distribuyen en función de los objetivos de cada cartera y entre esos objetivos está el ajuste”, señalaron desde el Ejecutivo.