Trabajadores montaron una carpa frente a la planta de Avellaneda en reclamo por salarios impagos. La empresa anunció su intención de reactivar la producción, pero la propuesta aún está en proceso de confirmación.
El directorio de la empresa difundió un comunicado donde asegura estar dispuesto a poner en marcha nuevamente sus operaciones a partir de un ofrecimiento de fazón por parte de la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías S.A. Ambas firmas propusieron adelantar el 50% del precio de procesamiento de girasol y etanol, respectivamente, lo que permitiría a Vicentin cubrir costos urgentes como salarios, transporte, insumos, cargas sociales y servicios públicos. A cambio, la empresa se compromete a pagar un 25% de los sueldos correspondientes a marzo esta semana, y otro 25% a fin de mes.
Pero ese esquema todavía no se materializó. Desde el entorno gremial no ven con buenos ojos el plan de pagos parciales y remarcaron que, por ahora, la situación es más grave incluso que el mes anterior, cuando se había realizado un depósito del 30% en las primeras semanas. Tampoco hay certezas sobre el abastecimiento energético, ya que Vicentin mantiene deudas con proveedores y no tiene garantizado que no se produzcan interrupciones en el suministro eléctrico y de gas, indispensables para cualquier intento de reactivación.
El escenario es de paralización total desde el 4 de abril. La falta de ingresos agrava su ya deteriorada situación financiera, con pasivos por más de u$s1.500 millones, decenas de juicios abiertos y una causa penal en marcha por presuntas maniobras fraudulentas. La empresa sigue en concurso de acreedores desde 2020, y en febrero de este año se frustró la homologación judicial del acuerdo que había alcanzado con un grupo de inversores (ACA, Bunge y Viterra) por las apelaciones presentadas por algunos acreedores, entre ellos el grupo Grassi.
La postura de Grassi
La pulseada judicial y económica también involucra a Mariano Grassi, uno de los principales acreedores de la firma, que participó de la última audiencia por videoconferencia. Allí volvió a rechazar cualquier colaboración mientras continúe la actual conducción. “Yo no me asocio con los delincuentes de Vicentin”, declaró. Su postura es que sólo aportará granos o inversiones cuando se abra formalmente la etapa de cram down (salvataje), lo que permitiría la llegada de nuevos accionistas.
La postura de Grassi se mantiene firme desde que sus apelaciones frenaron la homologación del acuerdo original. El grupo rosarino considera que la transición debe implicar un cambio de autoridades antes de cualquier aporte y responsabiliza a la actual gestión por el colapso operativo y financiero de la agroexportadora.
Un presente paralizado
Mientras tanto, la situación en las plantas es de total parálisis. Sin operaciones, sin ingresos y con trabajadores sin cobrar, el presente de Vicentin es tan incierto como el futuro. Aunque se haya planteado la posibilidad de un reinicio parcial, aún no hay fecha ni garantías. La tensión crece en todos los frentes: laboral, judicial, financiero y social.
La única certeza, por ahora, es que los problemas de fondo siguen sin resolverse. La empresa dice estar lista para volver a operar, pero todavía no tiene el respaldo de los trabajadores, ni las condiciones básicas aseguradas para hacerlo. Y mientras las definiciones no lleguen, el conflicto promete seguir escalando.
