La crisis en torno al concurso de acreedores de Vicentin sumó un capítulo dramático en Avellaneda. La Cooperativa de Servicios Públicos y Vivienda (CSPA) cortó el suministro eléctrico a la planta del Nodo Norte de la firma exactamente a las 9 de la mañana, en un acto de rechazo a una resolución judicial que consideraron “adoptada de manera inconsulta”

La drástica medida, que puso en riesgo la continuidad productiva de la empresa, buscaba visibilizar la deuda de $598 millones que Vicentin mantiene con la cooperativa por dos meses de luz, sin contar el consumo actual y una factura previa incluida en el concurso. La CSPA estimaba que la obligación de seguir proveyendo energía por 60 días hábiles adicionales sin garantía de pago podría elevar el déficit a casi $2.000 millones.

Sin embargo, dos horas después del corte inicial, a las 11, la CSPA acató la orden del juez Fabián Lorenzini, quien había dispuesto impedir la interrupción de servicios esenciales. “Tuvimos que hacer la reconexión, no podemos ir en contra del fallo”, confirmaron desde la institución, aunque adelantaron su intención de analizar una posible apelación y convocar a una reunión urgente con los interventores de Vicentin para definir la responsabilidad del pago.

En un comunicado oficial, la CSPA expresó su malestar por la resolución judicial, señalando que se enteraron de manera “no formal” de la orden que les exige mantener el suministro por 60 días hábiles. La cooperativa advirtió que esta decisión agrava significativamente su situación financiera, duplicando potencialmente la deuda post concursal y poniendo en riesgo su propia sostenibilidad y las fuentes de trabajo de sus empleados.

La CSPA cargó duramente contra el juez Lorenzini, lamentando la falta de consulta a pesar de los reiterados pedidos de audiencia. Calificaron la resolución como una medida que “despoja” a la cooperativa de su solvencia histórica y que no representa una solución real para los trabajadores de Vicentin, al tiempo que perjudica a la única prestadora de servicios públicos de Avellaneda. “La prevención de daños (…) jamás puede realizarse a expensas de la integridad de otra empresa y su personal”, sentenciaron.