Por la ausencia de cinco legisladores, la oposición no logró iniciar el debate sobre el nuevo régimen jubilatorio y la Ley Bases, un revés que favoreció al gobierno de Javier Milei y expuso la influencia de los gobernadores.
La sesión especial de Diputados, convocada por la oposición para tratar un paquete de proyectos previsionales (aumento de jubilaciones, prórroga de moratoria y recomposición de deudas provinciales), así como la comisión investigadora del caso $LIBRA y vacantes en la AGN, fracasó por la falta de quorum.
Cinco ausencias opositoras fueron decisivas, incluyendo legisladores de Unión por la Patria vinculados a gobernadores de Catamarca y Santiago del Estero, diputados cordobeses de Encuentro Federal afines a Martín Llaryora, el chubutense Jorge Ávila, dos ausencias de Democracia para Siempre y Vilma Ripoll del FIT por salud.
La UCR de Rodrigo de Loredo (salvo Julio Cobos) y el PRO de Cristian Ritondo tampoco dieron quorum, alineándose con el Gobierno bajo el argumento de que los proyectos “atentan contra el plan económico”. El bloque Innovación Federal también se ausentó.
En síntesis, la influencia de los gobernadores fue clave para frustrar la sesión y evitar que el Presidente se viera en la situación de vetar leyes relacionadas con un tema tan sensible como el previsional.
La inclusión del tema de la AGN en el temario generó malestar en la Coalición Cívica y en el llaryorismo. Los “lilitos” no estaban de acuerdo con los candidatos propuestos (incluyendo Emilio Monzó) y la diputada Alejandra Torres criticó la mezcla de temas complejos, argumentando que no era la forma adecuada de resolver los problemas de los jubilados.
Se vuelve a demorar la Comisión $LIBRA
En la sesión, la oposición se aprestaba a destrabar la comisión investigadora que debe abocarse a investigar el Caso $LIBRA. Desde hace semanas, la comisión que fue aprobada en el recinto no se puso en marcha, porque sus 28 integrantes no lograron ponerse de acuerdo al momento de la votación de las autoridades.
Semanas atrás, hubo empate, y, ante la imposibilidad de avanzar, la oposición decidió llevar el tema al recinto y que sea el cuerpo el que defina los nombres.
Saldada esa instancia, recién allí la comisión podría ponerse en marcha e incomodar al Gobierno durante los tres meses de duración que tiene. Es que, durante ese tiempo, ese cuerpo de trabajo tendrá facultades para citar a funcionarios (y forzarlos a ir valiéndose de la fuerza pública), así como también, solicitar información y elaborar informes sobre el tema que tiene en el centro de la escena a los hermanos Milei.
Caída la sesión, la puesta en marcha de la comisión deberá esperar hasta nuevo aviso.
