El sector agropecuario de Santa Fe ha lanzado una contundente advertencia sobre la creciente presión impositiva, el aumento de costos y la inseguridad, factores que, aseguran, amenazan la continuidad de la actividad. Productores rurales de toda la provincia, nucleados en la Sociedad Rural de Rosario, emitieron un comunicado este 13 de julio exigiendo una reforma tributaria urgente y soluciones concretas ante un panorama que describen como “insostenible”.

A pesar de un inicio de campaña con condiciones climáticas favorables, el sector enfrenta un contexto económico adverso que pone en jaque la sustentabilidad de sus explotaciones. Los productores denuncian que la suba del impuesto inmobiliario rural, con un incremento del 13,51% en las cuotas 4, 5 y 6 según el Decreto 1434/25, es una medida que agrava la ya pesada carga fiscal. Reclaman la eliminación de la figura del “Gran Propietario Rural” dentro del Inmobiliario y el cese del aumento de Ingresos Brutos a los servicios vinculados al agro.

Otro factor que golpea directamente sus bolsillos es el incremento del precio del gasoil, que ha subido entre un 10% y un 12% de enero a julio. Esta escalada no solo impacta en los costos operativos de maquinaria y logística, sino que también afecta las tasas comunales, muchas de las cuales se calculan en litros de gasoil por hectárea.

En el ámbito impositivo nacional, los productores señalan la distorsión del IVA como una urgencia, ya que compran insumos con un 21% de IVA y venden productos con el 10,5%, lo que genera una pérdida de capital de trabajo inmovilizado. Además, exigen la eliminación de los anticipos de Ganancias, considerándolos un obstáculo para la inversión y la delicada situación del sector.

La preocupación más grave radica en la reimplantación de derechos de exportación (retenciones) sobre la soja (33%) y el maíz (12%). Los productores advierten que esta medida dejaría “en márgenes negativos al 80% de la superficie productiva” y la califican como “el mayor retroceso en materia impositiva del gobierno nacional”. En el comunicado, enfatizan: “El superávit fiscal no es legítimo si es soportado por una asfixiante presión impositiva sobre la producción”.

A la compleja situación económica se suma la creciente inseguridad en las zonas rurales. Los productores denuncian que viven y trabajan en un “territorio liberado” y exigen acciones concretas de la justicia y el gobierno para que “el que lo hace lo paga”.

Finalmente, el sector reclama la eliminación del cobro de la patente sobre maquinaria agrícola (aunque no su registro) y demanda la ejecución de obras de infraestructura para evitar más tragedias. La conclusión es lapidaria: “Vivimos en un país y en una provincia postergados, donde el agro sufre la caída de la rentabilidad producto de los bajos precios internacionales y, sobre todo, de la confiscatoria carga impositiva nacional, provincial y comunal”.

El comunicado cierra con un vehemente llamado a una reforma tributaria integral para que los recursos queden en manos de la ciudadanía y permitan reactivar el país. Reafirman su compromiso de producir alimentos, generar empleo y divisas, pero exigen que el esfuerzo sea compartido y que el Estado reduzca su presión sobre quienes sostienen la economía real.