El presidente Javier Milei ha vetado en su totalidad tres leyes aprobadas por el Congreso que buscaban otorgar aumentos a jubilados y pensionados, reinstalar la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad con nuevas pensiones no contributivas. La decisión, oficializada a través del Decreto 534/2025, ha generado controversia por el impacto directo en sectores vulnerables.

La falta de sensibilidad presidencial y el impacto en los más afectados

La medida del presidente Milei, al vetar estas leyes que buscaban mejorar la situación de jubilados, personas con discapacidad y aquellos sin aportes suficientes, destaca una aparente falta de sensibilidad hacia las necesidades más apremiantes de los sectores más vulnerables de la sociedad. El Gobierno argumenta su decisión en base a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, pero para muchos, la prioridad debería estar en garantizar un mínimo bienestar para quienes se encuentran en situaciones de mayor fragilidad. Este veto implica que:

• Jubilados y pensionados no recibirán el aumento extraordinario del 7,2% ni la ayuda económica de hasta $110.000 que contemplaba la ley de movilidad jubilatoria. El Gobierno considera que las fuentes de financiamiento previstas eran insuficientes y con “graves deficiencias técnicas”, y que la eliminación de exenciones impositivas tendría un “impacto recaudatorio marginal”.
• La moratoria previsional y la flexibilización de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) no serán reinstaladas. El Ejecutivo sostiene que estas medidas “socavan los incentivos a la formalidad laboral” y crean un “esquema paralelo al régimen contributivo”, generando desigualdad.
• La emergencia en discapacidad no será declarada, y no se ampliará masivamente el universo de beneficiarios de pensiones no contributivas. El Gobierno alertó sobre un costo multimillonario y un fuerte impacto adicional en el sistema de salud y el “Programa Incluir Salud” si se incluyera a 1.5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad.

El Gobierno justifica su veto argumentando que las leyes fueron sancionadas con “graves vicios reglamentarios” en el Senado, al no cumplirse los procedimientos previstos y aprobarse con mayorías incorrectas. Además, sostiene que las iniciativas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin financiamiento suficiente ni cálculos actuariales que garantizaran la sustentabilidad. En la visión del Ejecutivo, la aprobación de estas normas pondría en riesgo el equilibrio fiscal y las metas económicas, obligando a recurrir a emisión monetaria, suba de impuestos y/o endeudamiento.

Sin embargo, para muchos, la preocupación central reside en cómo estas decisiones afectarán la calidad de vida de millones de argentinos que dependen de estos beneficios. El debate sobre el equilibrio fiscal versus la protección social continúa siendo un punto de tensión en la agenda política.