Buenos Aires, 16 de agosto de 2025 – El juez federal Ernesto Kreplak le respondió directamente al presidente Javier Milei, pidiendo que el Gobierno se abstenga de interferir en la investigación del fentanilo contaminado que ha causado 96 muertes. El magistrado enfatizó la obligación constitucional del presidente de no intervenir en una causa penal en curso y defendió la imparcialidad de su trabajo judicial.

Este cruce surge después de que Milei cuestionara la actuación de la justicia y del Estado, sugiriendo un conflicto de intereses debido al vínculo familiar entre el juez y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. El juez Kreplak,  lamentó que se intente “politizar un trabajo judicial bien hecho”, pidiendo respeto por las víctimas y las instituciones.

El Gobierno y su Lenta Reacción

A pesar de que la crisis sanitaria escaló rápidamente, la respuesta del Gobierno central ha sido cuestionada. Si bien el ministro de Salud, Mario Lugones, supervisó la retirada de dosis del mercado, esta acción se produjo después de que se perdieran decenas de vidas. El Ejecutivo ha señalado que el laboratorio HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, no había sido inspeccionado por la ANMAT desde febrero de 2020. Esta falta de control durante más de cuatro años es una omisión significativa que ha sido señalada como un factor determinante en la tragedia.

Los familiares de las víctimas han denunciado la falta de una reacción urgente. A pesar de las advertencias, la inacción de los organismos de control permitió que se distribuyeran miles de dosis contaminadas. Actualmente, se estima que se pudieron haber aplicado más de 40 mil dosis, lo que subraya la magnitud de la falla en los sistemas de vigilancia.

El Respaldo de los Familiares a Kreplak

En medio de la disputa política, los familiares de las víctimas, representados por Sol y Adriana Francese, expresaron su total apoyo al juez Kreplak y pidieron que la causa no se politice. “No queremos que se saque al juez de la causa, queremos que él siga siendo el que investiga y el que la lleva adelante”, afirmó Sol Francese. Las familias valoran el trabajo del magistrado, que ya ha logrado hallazgos cruciales, como el descubrimiento de que el laboratorio Ramallo tenía una “habilitación trucha”.

Adriana Francese subrayó que la causa se encuentra en una etapa “muy importante”, con pericias médicas y estudios del Instituto Malbrán en curso. La posibilidad de una recusación al juez, planteada por el Ejecutivo si no se detiene a García Furfaro, es vista por las familias como un intento de desviar el foco y retrasar la búsqueda de justicia.

La investigación continúa con el análisis de la trazabilidad de los opioides adulterados, con 96 muertes confirmadas y más de 100 mil ampollas contaminadas incautadas. Mientras tanto, los familiares piden que se siga difundiendo la causa para que otras familias afectadas se sumen al expediente y se haga justicia por las vidas perdidas debido a la negligencia y la falta de control.