Roald Báscolo, sostuvo que la propuesta salarial garantiza subas mínimas para los sueldos más bajos y la vinculó con la caída de la recaudación.

La discusión salarial de los empleados públicos santafesinos atraviesa uno de sus momentos más sensibles, con gremios que expresaron su rechazo a la propuesta oficial en un contexto de desaceleración inflacionaria pero con una fuerte caída de la actividad económica.

El ministro Báscolo defendió la oferta presentada y la enmarcó en las restricciones financieras que enfrenta la administración. “2024 arrancó mal, porque hay una caída de recaudación en términos relativos”, planteó, al señalar que la evolución de los recursos condiciona cualquier mejora salarial.

El funcionario sostuvo que el criterio central fue priorizar a los sectores con menores ingresos dentro del Estado. “Ningún empleado público de la administración central va a cobrar menos de 170.000 pesos respecto al mes anterior y, en el caso de los docentes, el mínimo garantizado de aumento llega a 270.000”, remarcó. Para un maestro de grado sin antigüedad, detalló que el salario “va a tener un sueldo mínimo garantizado de 1.200.000” y que, con el fondo de capacitación, “estaríamos llegando a 1.300.000”, cifra que puede escalar a 1.400.000 con asistencia perfecta.

El resultado de las votaciones gremiales —con rechazo a la propuesta pero sin medidas de fuerza en algunos casos— fue interpretado por el Gobierno como una señal para continuar negociando. “Es una manera de decir ‘sigamos hablando y mejoremos un poco el diálogo’”, expresó, al tiempo que insistió en que hay otros puntos del convenio que pueden abordarse en mesas técnicas sin esperar una nueva convocatoria formal.

Jubilados y contexto económico

La situación de los jubilados también apareció en la conversación, al ser uno de los focos de conflicto por los conceptos no remunerativos y los plazos de traslado de los aumentos. Báscolo recordó que se modificó el esquema de pago: “Se atendió un reclamo de adelantar el cobro de los 60 días al mes siguiente, a los 30”, además de eliminar el aporte solidario para determinados sectores pasivos.

El ministro vinculó la tensión salarial con el contexto económico general y anticipó que el principal desafío del primer semestre no será la inflación, sino la recuperación de la actividad. “Eso impacta directamente en la recaudación y, por lo tanto, en la posibilidad de mejorar los salarios”, dejó en claro, al sostener que la política salarial provincial busca mantener el poder adquisitivo dentro de esos márgenes.

FUENTE: LT10