En una resolución sin precedentes para la jurisdicción de Reconquista, el Juez de Garantías Aldo Alurralde formalizó la investigación contra cuatro hombres y una sociedad comercial por el presunto delito de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. La causa se originó tras el hallazgo de más de 357 millones de pesos ocultos en una camioneta durante un control de Gendarmería en 2025.

El hallazgo: millones ocultos en el tablero

El caso comenzó el 28 de marzo de 2025 en el paraje El Timbó, sobre la Ruta Nacional N°11. Durante un operativo de rutina, agentes de Gendarmería Nacional detuvieron una Toyota Corolla Cross que viajaba desde Resistencia hacia Buenos Aires.

Al notar irregularidades en los plásticos cercanos a la palanca de cambios, los efectivos realizaron una requisa profunda. El conductor, identificado como F.E.V., terminó confesando la existencia de compartimientos ocultos. Tras desarmar parte del tablero y el sistema de aire acondicionado, los agentes secuestraron un total de $357.210.000 en efectivo.

Una empresa de repuestos como “pantalla”

La investigación, liderada por el fiscal federal Roberto Salum y el auxiliar Bruno Ojeda, determinó que este no fue un hecho aislado. La maniobra formaba parte de un “circuito regular y coordinado” que involucraba a una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) dedicada a la venta de repuestos para autos y motos en Resistencia (Chaco).

Según la fiscalía, la empresa —integrada por P.M.T. y M.F.— funcionaba como fachada para la compraventa ilegal de dólares y euros. Durante los allanamientos en la sede de la firma, se hallaron contadoras de billetes, recibos en moneda extranjera y otros 8 millones de pesos, lo que confirmó la actividad de “cueva financiera” sin autorización del Banco Central.

La sofisticada logística de “blindaje”

Uno de los puntos más llamativos de la causa fue el hallazgo de un documento certificado ante escribano titulado “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”. Según el Fiscal Salum, este papel era una “pre-constitución de prueba” diseñada para engañar a las autoridades en la ruta en caso de ser descubiertos, intentando dar apariencia de legalidad a un transporte clandestino de fondos.

Además, los informes de tránsito revelaron una “frecuencia inusual” de viajes del vehículo: recorridos hacia Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires cada dos días, algo totalmente ajeno a la actividad comercial de venta de repuestos declarada por la firma.

Embargo millonario y medidas cautelares

Tras un año de recolectar pruebas y desglosar la compleja trama financiera, la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista logró la formalización de la investigación, marcando un hito al incluir penalmente a la persona jurídica (la sociedad).

El Juez Alurralde dispuso las siguientes medidas:

Embargo preventivo: Por un monto de 2.000 millones de pesos para garantizar futuras sanciones y costas.

Medidas personales: Prohibición de salida del país para los cuatro imputados y obligación de presentarse mensualmente ante Gendarmería.

Bloqueo bancario: Inmovilización de cuentas y cajas de seguridad por un plazo de 180 días.

La Justicia concedió un plazo de un año para continuar con la investigación, dada la complejidad de las maniobras y la multiplicidad de jurisdicciones afectadas.