La Justicia dispuso la detención de un vecino de la ciudad tras una investigación iniciada por audios intimidatorios enviados al jefe municipal. La víctima manifestó haber sentido temor serio por su integridad.

En el marco de una causa judicial que investiga graves amenazas contra el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, la Justicia ordenó la detención de José Gustavo Alderete, domiciliado en barrio Belgrano de esa ciudad.

La medida fue dispuesta este 17 de marzo en Reconquista, luego de una investigación que se inició a partir de la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), tras la recepción de una serie de audios enviados a través de WhatsApp.

Según consta en las actuaciones, los mensajes —cinco en total— fueron recibidos en el teléfono personal de un jefe policial y habrían sido enviados desde el abonado perteneciente al intendente. En los mismos se escucha una voz masculina que, en tono hostil e intimidatorio, profiere amenazas de extrema gravedad.

Entre las expresiones relevadas, se destacan frases como: “te voy a matar”, “no sabés con quién te estás metiendo” y “vos hacé lo que te digo porque te va a ir mal”, además de otras referencias que sugieren la posibilidad concreta de ejercer violencia.

De acuerdo al informe oficial, estas manifestaciones constituyen un discurso intimidatorio sostenido, con la intención de generar temor en la víctima, quien efectivamente manifestó haberse sentido seriamente amenazada.

En ese contexto, el propio intendente sindicó como autor de los audios a Alderete, cuya identidad y domicilio fueron posteriormente corroborados por personal de la PDI.

Calificación legal y fundamentos

La causa fue encuadrada provisoriamente como amenazas coactivas agravadas, un delito que contempla penas más severas cuando se busca condicionar la conducta de un funcionario público mediante intimidación.

Desde la Justicia señalaron que existen elementos suficientes para sostener la probabilidad de autoría, entre ellos el contenido de los audios, la identificación del número telefónico y la denuncia directa de la víctima.

Asimismo, se consideró que hay riesgo de fuga debido a la gravedad del delito, y peligro de entorpecimiento de la investigación, especialmente por la posible manipulación o eliminación de evidencia digital.

La medida judicial

En función de lo expuesto, se ordenó la detención del acusado, su traslado a una dependencia policial y la notificación a la Defensa Pública. Además, se dispuso la realización de la audiencia imputativa y de medidas cautelares en el menor tiempo posible.