El Gobierno Nacional, a través de Vialidad Nacional, oficializó el nuevo esquema de concesión para la Ruta Nacional 11, una medida que marca el regreso del cobro de peajes en el corredor norte de Santa Fe. A pesar de la extensión del contrato por dos décadas, el pliego licitatorio ha despertado fuertes críticas al no incluir la transformación en autovía, una obra histórica y fundamental para la seguridad de la región.

Cinco puntos de cobro en el norte santafesino

El proyecto, bajo la órbita de la Red Federal de Concesiones, prevé la instalación de cabinas de cobro automático (sistema TelePase) en puntos estratégicos que impactarán directamente en la conectividad regional:

• Llambi Campbell (Km 518)

• Gobernador Crespo (Km 618)

• Vera (Km 722)

• Guadalupe Norte (Km 814)

• Florencia (Km 927)

Mantenimiento básico para una ruta en crisis

Aunque el estado de las rutas nacionales es actualmente calificado como crítico o “espantoso” por los usuarios, las obras previstas en la nueva concesión se limitan a tareas de mantenimiento rutinario: bacheo, sellado de fisuras, corte de pasto, reposición de luminarias y reparaciones puntuales (como el puente sobre el arroyo El Ceibalito).

La ausencia de una inversión estructural de fondo reabre una herida en la región: la RN11 seguirá siendo de una sola mano, a pesar del intenso flujo de transporte pesado y los elevados índices de siniestralidad que le han valido el triste apodo de “la ruta de la muerte”.

El fantasma del abandono

La discusión no es nueva. Cabe recordar que durante la gestión de Mauricio Macri se levantaron las cabinas de peaje en este corredor, lo que derivó en una falta total de mantenimiento que aceleró el deterioro del asfalto hasta llegar a la situación de emergencia actual. Hoy, el nuevo esquema plantea un escenario agridulce: el regreso de los pagos por parte de los usuarios, pero sin la garantía de una mejora que transforme realmente la circulación.

Fechas clave

La apertura de sobres para conocer a las empresas interesadas se realizará el 18 de mayo de 2026. Allí se definirá quién administrará los casi 500 kilómetros que unen la capital provincial con el límite del Chaco, en un contexto donde el debate sigue abierto: ¿es justo volver a pagar por una ruta que no ofrece seguridad ni modernización estructural?