Por Gonzalo Nuñez* para Radio Ideal

El reciente anuncio de la empresa Vicentín de que solo podrán abonar el 30% de los salarios de febrero no es más que otro capítulo en una historia de corrupción, impunidad y colusión entre empresarios y jueces. La crisis que atraviesa la emblemática agroexportadora, que alguna vez fue símbolo del poder empresarial argentino, ha alcanzado un punto crítico, pero más que una catástrofe financiera, es el resultado de una estafa a gran escala y que hoy se hunde en el descrédito tras haber sido vaciada por sus propios dueños, mientras el poder judicial observa impasible.

La noticia del pago parcial de los sueldos se repite en medios nacionales como un eco desesperanzador. La firma ha dejado en vilo a sus empleados, generando una fuerte reacción sindical. El gremio aceitero ha manifestado su descontento y amenaza con medidas de fuerza a nivel nacional si la empresa no regulariza los salarios. Sin embargo, lo que subyace es un problema mayor: la estructura judicial y política que permitió que un grupo de empresarios destruyera una compañía mientras sigue evadiendo toda responsabilidad.

La situación ha alcanzado un punto crítico y ha encendido las alarmas en el sector aceitero. En un comunicado reciente, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) advirtió que, si las empresas continúan incumpliendo sus obligaciones salariales, se convocará a una huelga nacional. “Si las empresas no respetan a los trabajadores, hay huelga nacional aceitera”, afirmaron, en un mensaje dirigido a Vicentín y otras compañías que han utilizado la crisis como excusa para ajustar sobre los empleados.

En ese sentido, el secretario general de FTCIODyARA, Martin Morales, expresó que “el accionar patronal, que impacta directamente sobre nuestros salarios, se parece demasiado a una revancha patronal, donde pretenden combinar el ajuste salarial y la militarización de plantas, como ocurrió en Explora. En el día de hoy, ante la Secretaría de Trabajo, Vicentín ha manifestado que tiene contratos con empresas como Bunge y ACA ‘por doce años, los cuales garantizan el pago de los costos de producción y los salarios. Estos contratos se harían operativos una vez homologado el acuerdo preventivo de acreedores’, acuerdo que ha sido rechazado por el Juez del concurso y por la Corte Suprema de Santa Fe”.

El hecho de que los trabajadores y acreedores estén pidiendo una intervención judicial efectiva es la prueba de que las instituciones no han hecho su trabajo. La pregunta es: ¿hasta cuándo la justicia argentina seguirá operando como garante de los intereses empresariales en detrimento del pueblo? ¿Cuántos otros casos como este vamos a ver antes de que se tomen medidas reales contra los responsables del vaciamiento?

Vicentín no es una excepción, es un síntoma de un problema estructural. Mientras el poder económico siga por encima del judicial, seguiremos viendo cómo se destruyen empresas, se roban fortunas y se condena a los trabajadores a la miseria.

El no pago de los salarios no es solo un golpe a los trabajadores, sino que también pone en jaque a toda la cadena de producción agroexportadora, los gremios advierten que están dispuestos a paralizar la actividad si la empresa no revierte su postura. Sin embargo, la pregunta es otra: ¿por qué el Estado permite que estos empresarios sigan al mando de una compañía que han hundido a propósito? ¿Cuándo se intervendrá de manera real y efectiva para que los trabajadores no paguen los platos rotos del saqueo corporativo?

Mientras tanto, Vicentín sigue apostando a la estrategia del desgaste. Sin respuestas claras y con una dirigencia empresarial que parece más preocupada en asegurarse impunidad que en encontrar soluciones reales, la empresa se desmorona ante la mirada atónita de un país que ya ha visto demasiadas veces cómo las grandes fortunas terminan convirtiéndose en deudas impagables para todos, excepto para sus dueños.

La incertidumbre reina, y los trabajadores de Vicentín ya no son sólo empleados, sino acreedores de una empresa que les debe mucho más que un sueldo: les debe un futuro que hoy parece cada vez más incierto. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿hasta cuándo el poder

judicial seguirá protegiendo a los empresarios que destruyen empresas y dejan a miles en la calle?

*Periodista, locutor, productor y docente