Por Gonzalo Núñez* para Radio Ideal

La jornada de protesta frente al Congreso de la Nación se convirtió en un nuevo capítulo de violencia institucional, con una brutal represión policial que dejó como saldo heridos de gravedad, detenciones arbitrarias y un fotógrafo en estado crítico. Los cacerolazos que se replicaron en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país evidenciaron el masivo repudio social a la brutalidad estatal.

El hecho que desató la indignación fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad sobre jubilados, manifestantes caracterizados con camisetas de fútbol y trabajadores de prensa. Según distintos medios, el despliegue policial avanzó con una violencia desproporcionada contra quienes se manifestaban en defensa de sus derechos, mientras el Gobierno justificaba el operativo en nombre del orden público.

Uno de los episodios más alarmantes fue el ataque a Pablo Grillo, fotógrafo que resultó gravemente herido tras el accionar represivo. Distintos referentes del periodismo y organizaciones denunciaron que lo sucedido no es un hecho aislado, sino parte de una política de amedrentamiento contra la prensa. “Quieren que el periodista tenga miedo”, señalaron desde distintos sectores.

Los datos de la represión son contundentes: hubo al menos 15 heridos, más de un centenar de detenidos y un despliegue policial digno de un Estado de sitio encubierto. Imágenes de jubilados brutalmente reprimidos circularon en redes y despertaron un fuerte repudio. Organismos de derechos humanos calificaron la situación como un “retroceso democrático alarmante”.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, lejos de condenar el accionar de las fuerzas, respaldó la represión y llegó a decir que el fotógrafo herido “está detenido”, lo que generó mayor indignación. Su postura evidencia el aval gubernamental a una política de mano dura, que busca criminalizar la protesta y sembrar miedo en la sociedad.

Esta no es la primera vez que Bullrich es la cara visible de una política represiva. Durante su gestión como ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), implementó medidas de tolerancia cero contra la protesta social, justificando operativos brutales como el de la represión a trabajadores de Cresta Roja, el desalojo violento de la comunidad mapuche en Cushamen—donde ocurrió la muerte de Santiago Maldonado—y el asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche. Con el regreso de su gestión en el gobierno de Javier Milei, ha profundizado su línea represiva, con la sanción del llamado “Protocolo Antipiquetes”, cuyo objetivo es restringir las manifestaciones en el espacio público.

Cabe recordar también su rol en el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando se desempeñó como ministra de Trabajo y luego como ministra de Seguridad Social. En aquellos años, promovió el recorte de jubilaciones y avaló el ajuste impuesto por el FMI, en un contexto de creciente malestar social. Su nombre quedó asociado a las imágenes de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando la feroz cacería estatal dejó un saldo de más de 30 muertos en todo el país. Su actual política de represión a jubilados en el Congreso revive los peores fantasmas de aquella época y pone en evidencia su histórico desprecio por los sectores más vulnerables.

Un grave deterioro institucional

La violencia ejercida en el Congreso no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de disciplinamiento social. Mientras el Gobierno insiste en justificar el uso de la fuerza, la ciudadanía y la prensa crítica advierten sobre los peligros de naturalizar la represión como mecanismo de control. Este episodio es un síntoma más de la grave crisis institucional que atraviesa Argentina, donde el respeto por los derechos humanos y las garantías democráticas parecen estar cada vez más debilitados.

El rol del Congreso, espacio que debería ser el centro del debate político y legislativo, se ve empañado por la violencia dentro y fuera del recinto. El uso desmedido de la fuerza y la criminalización de la protesta son señales de un deterioro de las instituciones democráticas.

El atropello a la prensa, con periodistas y reporteros gráficos siendo atacados mientras intentan documentar los hechos, expone la fragilidad de la libertad de expresión en el país. Si se instala el miedo como herramienta política, el debate público corre el riesgo de convertirse en un monólogo del poder.

Argentina enfrenta un desafío histórico: resistir el avance de la represión estatal y fortalecer las instituciones democráticas antes de que la normalización de la violencia se convierta en el nuevo paradigma de gobierno. Lo sucedido en el Congreso deja en evidencia que el derecho a la protesta está en la mira y que la democracia argentina está en un punto crítico.

Periodista, locutor, productor y  docente