La “operación” que denuncia el oficialismo parece ser el único argumento frente a las graves acusaciones de corrupción que se suman a una serie de polémicos nombramientos del Gobierno. Con la situación de ANDIS en el centro de la escena, la justificación de los funcionarios pierde fuerza y pone en evidencia el accionar de quienes se esperaba, por sus antecedentes, que respondieran de esta manera.

Tras casi cuatro días de silencio y confusión, el Gobierno de Javier Milei finalmente adoptó una estrategia de defensa ante el escándalo de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): calificarlo como una “burda operación política”. La línea oficial, defendida públicamente por los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, busca desviar la atención de los graves audios que señalan a la cúpula del poder.

En un comunicado, Lule Menem rompió el silencio para denunciar un intento del “kirchnerismo” de “manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió en una entrevista a “poner las manos en el fuego” por su primo y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ambos mencionados en las grabaciones del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Spagnuolo, ahora apartado del cargo, había denunciado un sistema de coimas en el que se exigían aportes a laboratorios farmacéuticos para obtener contratos con el Estado. Pese a la contundencia de estos audios, Martín Menem minimizó el contenido y justificó las visitas de Spagnuolo a la Casa Rosada diciendo que iba “los domingos” y que “escucha música clásica” con el Presidente. Además, aseguró que Spagnuolo “tendrá que dar las explicaciones en la Justicia” y desestimó que este le haya comentado algo a Milei sobre las denuncias, ya que, según el legislador, el presidente es el “tipo más transparente en la historia de la humanidad”.

Esta justificación, sin embargo, contrasta con la gravedad de las acusaciones y la decisión de la Justicia de incautar los teléfonos de Spagnuolo. A dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo intenta reencauzar una agenda que la corrupción ha puesto en jaque, dejando en evidencia las contradicciones del discurso del propio Presidente.