BUENOS AIRES – En un giro dramático que sacude al oficialismo, el Gobierno nacional elevó a la Justicia una denuncia por una supuesta operación de inteligencia ilegal, tras la filtración de audios que sugieren una trama de sobornos en la que estaría involucrada la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Lejos de dar explicaciones sobre el contenido de los audios, el Ejecutivo tildó el hecho de “complot” y “ataque ilegal y planificado”, logrando un bozal legal para evitar su difusión.
La Excusa del Gobierno Ante un Escándalo de Corrupción
La polémica estalló con la difusión de grabaciones atribuidas al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en las que se mencionan presuntos “retornos” que salpicarían a la cúpula del poder. En lugar de investigar las acusaciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que no se trató de una filtración, sino de un “ataque ilegal” para “desestabilizar el país en plena campaña electoral”. Una versión oficial que, para muchos, busca desviar la atención de las graves acusaciones de corrupción.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal 12 y señala como responsables a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, el empresario Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi. La Justicia, respondiendo al pedido del Gobierno, ordenó allanamientos y una medida cautelar de “cese inmediato” de la difusión de los audios, blindando así al Poder Ejecutivo de las revelaciones que podrían perjudicarlo en plena contienda electoral.
¿La Casa Rosada Bajo Espionaje?
El comunicado oficial llegó a un nivel de dramatismo al sugerir que las grabaciones “podrían haberse realizado en la mismísima Casa Rosada”, lo que constituiría una “amenaza sin precedentes a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”. Una excusa que, en los hechos, legitima la decisión de censurar la información bajo el pretexto de un “ataque a la democracia”-
La narrativa oficial insiste en un “complot” con “influencia extranjera”, apelando a la Ley de Inteligencia Nacional para justificar las medidas drásticas. Mientras tanto, las preguntas sobre el contenido de las grabaciones y las supuestas coimas siguen sin respuesta.
