En una investigación liderada por el juez federal Aldo Alurralde y solicitada por el fiscal federal Roberto Salum, la Gendarmería Nacional llevó a cabo dos allanamientos simultáneos en la localidad de Tartagal, en el norte de la provincia de Santa Fe, este jueves.

Uno de los operativos se realizó en la sede de la administración comunal, mientras que el otro tuvo lugar en el domicilio particular del presidente comunal Nelson Elham.

La causa está relacionada con la presunta venta irregular de terrenos ferroviarios, propiedades de la Nación ubicadas en el centro histórico del pueblo. Esta situación se encuentra bajo investigación luego de que la Asociación Civil Huellas del Tanino, una organización dedicada a la preservación de la memoria histórica de la ex empresa forestal La Forestal, presentara una denuncia formal acompañada de pruebas documentales y fotográficas.

Fraude y malversación de fondos públicos

El abogado Sixto González, quien representa al colectivo denunciante, expresó que la denuncia ha revelado una posible defraudación tanto a la Nación como a las personas que habrían adquirido los terrenos de manera ilegal. “Estamos ante un claro caso de fraude a la administración pública, y también se estaría vulnerando los derechos de aquellos que compraron estos terrenos que no podían ser comercializados”, aseguró González.

Según la documentación secuestrada en los allanamientos, entre las pruebas encontradas se incluyen contratos, documentos con firmas y sellos de la comuna, así como constataciones de medidores de luz instalados y de obras construidas en terrenos que deberían mantenerse bajo dominio público.

Posibles delitos penales

De acuerdo con los detalles de la denuncia, los hechos investigados podrían configurar dos delitos establecidos en el Código Penal argentino: fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5°), con penas que van de dos a seis años de prisión, y malversación de caudales públicos (artículo 248), que establece sanciones de entre dos y diez años de prisión, además de la inhabilitación especial para el funcionario responsable.

La causa tomó relevancia cuando se detectó que varios vecinos de Tartagal estaban demarcando y, al parecer, construyendo en terrenos que habrían sido cedidos o vendidos de manera irregular por la comuna. La venta de bienes públicos está estrictamente prohibida por la ley, salvo que exista una autorización expresa del Congreso de la Nación, lo que, en este caso, no habría ocurrido.

El futuro de la investigación

A medida que avanza la investigación, la justicia federal continúa revisando la documentación secuestrada en los allanamientos para determinar las responsabilidades de los involucrados y evaluar las eventuales medidas procesales contra Nelson Elham y otros posibles implicados. La comunidad espera con atención el desarrollo de este caso, que involucra tanto la defensa de los bienes del Estado como la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Contexto:

Tartagal es una pequeña localidad histórica que fue el centro de la actividad de La Forestal, una empresa que, a lo largo del siglo XX, tuvo un papel central en la economía de la región. La denuncia de Huellas del Tanino pone en evidencia la necesidad de preservar la memoria histórica del pueblo y, a la vez, proteger los bienes del Estado para evitar su explotación ilícita.

La justicia continúa su labor de esclarecer los hechos y de determinar las responsabilidades que puedan surgir de estos procedimientos ilegales.