Se trata de Rodrigo González quien protegió a capitalistas, robó expedientes y amenazar a testigos. La pena es condicional y no podrá ser funcionario por 6 años.

Rodrigo Germán González, quien fuera fiscal del MPA en la ciudad de Reconquista fue sentenciado a la pena de 3 años de ejecución condicional en un juicio abreviado llevado a cabo en los Tribunales de esa ciudad.

El fallo lo dictó la jueza penal Claudia Bressany también implica la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos dentro del Poder Judicial de la provincia y la Nación por seis años.

Las causas que llevaron a esta sentencia son una serie delitos cometidos como funcionario público hasta marzo de 2021, entre ellos: amenazas coactivas, encubrimiento, violación de medios de prueba registros y documentos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos ellos en concurso real. Bressan dejó en claro el acuerdo prestado por la señorita S. S., víctima del caso, respecto del procedimiento abreviado y sopesó que de acuerdo al informe de Registro Nacional de Reincidencias “el imputado no tiene causas, trámite o condenas que impidieran la aplicación del sistema elegido por las partes y estaría dentro de las posibilidades que le otorga el Código Procesal Penal”, en virtud de lo cual considero ajustada derecho la petición de formulada para abreviar los plazos.

En la acusación, el fiscal Eduardo Lago le atribuyó “haber intimidado en reiteradas oportunidades infundiéndole temor a S. S. mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, manifestándole que tuviera cuidado con lo que iba a declarar en el marco de la investigación”, y que “haría todo lo posible que para no ingrese al Poder Judicial” además de revelar secretos de su intimidad para desacreditarla. También lo señaló por haber destruido legajos en noviembre y diciembre de 2018.

En la otra carpeta judicial, Lago le anexó que en 2017 y respecto de salas de juego clandestino ubicadas en Vera, Avellaneda y Reconquista, no haber procedido estando obligado por su cargo en el MPA a denunciar y/o investigar las actividades ilícitas y lo acusó por haber sustraído en 2018 legajos fiscales que le fueron asignados y de los cuales era fiscal responsable, y en 2014 a 2018 haber recibido en concepto de multa dinero en efectivo por subvenciones de juicios a prueba entregadas por imputados que retuvo indebidamente.

A fines de 2018, luego de la exposición de dos pasantes que cumplían servicios en la fiscalía de González sobre irregularidades acontecidas con los expedientes de investigaciones en marcha y actos de discriminación por parte del funcionario, el fiscal regional Rubén Martínez confirmó que “se corroboraron las primeras manifestaciones que yo había recibido como funcionario público y en conocimiento de una situación irregular que puede configurar un delito penal, me corresponde hacer la denuncia”.

En aquel momento, el jefe de los fiscales del norte provincial reveló que “la desaparición de los expedientes es un tema grave porque son instrumentos públicos, son legajos de investigación donde constan las investigaciones”. Más tarde, González fue imputado por el delito de “amenazas coactivas”.

En marzo de 2021 fue suspendido por la Legislatura con una reducción de su salario del 50 %, y en agosto del mismo año fue removido de su cargo por mal desempeño de sus funciones en una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas con 12 votos afirmativos del Senado y otros 40 de Diputados.