El Gobierno santafesino confirmó que cada despliegue cuesta entre 5 y 6 millones de pesos. El ministro Cococcioni advirtió que habrá consecuencias legales y económicas tanto para los menores involucrados como para sus padres.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe brindó este lunes una conferencia de prensa para sentar una postura firme ante la ola de amenazas y falsas alarmas que afectaron a instituciones educativas en los últimos días. La vocera gubernamental, Virginia Coudannes, junto a los ministros José Goity (Educación) y Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), brindaron detalles sobre el impacto de estas conductas y las acciones legales que se iniciaron.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, reveló una cifra alarmante: “Tan solo el viernes pasado atendimos 65 incidencias de amenazas vinculadas a escuelas en todo el territorio provincial”. Ante este escenario, el funcionario aseguró que el Estado aborda la problemática con la “mayor seriedad” y advirtió sobre las graves consecuencias a largo plazo.

Consecuencias legales y económicas

Cococcioni enfatizó que estos hechos no quedarán impunes y que las repercusiones afectarán el futuro de los involucrados. “Hay consecuencias que tal vez no se advierten al inicio, pero que luego impiden obtener certificados de buena conducta, viajar al exterior o derivan en la institucionalización de los menores”, explicó.

Además del proceso penal, la Provincia avanzará sobre el patrimonio de los responsables. El ministro informó que se instruyó al área Legal y Técnica para interponer acciones de resarcimiento económico. “En los casos donde tenemos personas identificadas, sean punibles o no (en referencia a los menores), vamos a demandar el pago por los daños causados”, sentenció.

Según el relevamiento oficial, un operativo básico de despliegue —que incluye la movilización de patrulleros, brigadas de explosivos y bomberos— tiene un costo operativo que oscila entre los 5 y 6 millones de pesos. Este monto contempla el combustible y las horas de Servicio de Policía Adicional (OSPE) del personal afectado.

Sin embargo, el funcionario subrayó que el perjuicio es también estratégico: “Genera un costo indirecto en seguridad, porque recursos policiales que deberían estar patrullando las calles deben estar abocados durante varias horas a estos procedimientos”.

Finalmente, las autoridades confirmaron que la investigación judicial avanza con celeridad y que, al día de hoy, ya existen personas identificadas que cumplen medidas cautelares relacionadas con estos hechos.